Arquitectura para la implementación
La T-622 es una sentencia compleja que demanda el accionar de múltiples entidades y actores, con el objetivo de atender integralmente el territorio. La corte estableció unos mecanismos e instancias de articulación para la debida implementación.
Comisión de Guardianes del Atrato
La Comisión de Guardianes del Atrato es el organismo creado como representante legal del río Atrato y está encargada de velar por que sus derechos sean respetados. Está conformada por el Ministerio de Ambiente como guardián estatal, y por el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato como guardián comunitario. La Comisión de Guardianes cuenta con un Equipo Asesor quienes brindan concepto técnico y orientan a los guardianes en los aspectos que sean requeridos.
La Comisión de Guardianes implica un ejercicio sin precedentes en términos de la gobernanza y toma de decisiones colectivas entre Gobierno y comunidades. Se trata de la mayor instancia de toma de decisiones alrededor de la sentencia e implica un relacionamiento horizontal entre la institucionalidad y los organismos de representación comunitarios.
Instituciones responsables de las órdenes
Las siguientes son las entidades demandadas y que la corte consideró responsables por la vulneración de derechos debido a su actuar omisivo frente a la crisis humanitaria y ambiental del Atrato. Son las encargadas de ejecutar todas las acciones y planes ordenados por la Corte.
En la orden décima, la sentencia ordenó crear la Comisión Intersectorial para el Chocó (CICH), como una instancia de articulación del Gobierno Nacional para abordar integralmente la cuenca.
Comité de Seguimiento
Tiene a cargo la tarea de hacer seguimiento al cumplimiento del fallo y acompañar a las instituciones en la implementación. Para ello, emite Informes de Seguimiento semestrales que son revisados por el Tribunal de Cundinamarca y la Corte Constitucional. El Comité cuenta con un Panel de Expertos que lo asesora en la realización de su labor.
Articulación entre los actores
Así, la arquitectura para la debida implementación de la sentencia se resume de la siguiente manera:
Arquitectura para la implementación
Columnistas invitados: Viviana González y Rodrigo Rogelis, miembros del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, apoderados judiciales de los accionantes de la sentencia T-622 del río Atrato.
Con el fin de garantizar la protección y descontaminación del río Atrato, en Chocó, Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional lo declararon “sujeto de derecho”. Seis años después de la sentencia, queda mucho por hacer. Este es un trabajo colaborativo con la periodista Marie Eve Detoeuf, de ‘Le Monde’.
Los Guardianes del Atrato, en compañía del Centro Sociojurídico Siembra, entregarán el próximo jueves 3 de noviembre un memorial a la Corte Constitucional con ocasión de los cinco años de la Sentencia T-622, la primera en reconocer a un río como sujeto de derechos. En el texto se identifica el estado de la implementación de la sentencia que, si bien ha tenido avances, no se ha cumplido a cabalidad.
“¿La sentencia T-622 de la Corte Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, mientras carga su lancha en el muelle de Quibdó. Originario de Bojayá, José Adán transporta pasajeros y mercancías, y conoce mejor que nadie el majestuoso río y sus afluentes. “Pero la sentencia no ha cambiado nada; la contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura”, suspira el lanchero.