Crisis Ambiental y Humanitaria en el Atrato
El Chocó es un territorio habitado principalmente por comunidades afrocolombianas e indígenas que por años han hecho el llamado al Estado colombiano sobre la delicada situación socioambiental, ocasionada por las dinámicas históricas de exclusión, la presencia del conflicto armado, el racismo estructural y la ausencia de un Estado garante de derechos.
Particularmente, el río Atrato es afectado por la explotación intensiva de recursos mineros y forestales, generando alteración de los ríos, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, sequía de las ciénagas, entre otros. Todo esto obstaculizando el goce efectivo del río en un sentido cultural, productivo y espiritual.
La acumulación de estas problemáticas ha sido denunciada por las organizaciones del Chocó, quienes han exigido al Estado que garantice sus derechos fundamentales, defienda la enorme riqueza biocultural y repare a las comunidades y el territorio fuertemente afectados por la guerra y por las actividades extractivas. Ante la renuencia de las instituciones de gobierno, las organizaciones acudieron a los estrados judiciales.
¿CÓMO SE LLEGÓ A
LA SENTENCIA T-622?
La defensa del río Atrato en su integralidad supuso la articulación de las autoridades étnicas de la cuenca. En enero de 2015, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) y el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) interpusieron una acción de tutela para garantizar sus derechos fundamentales individuales y colectivos impactados por las actividades extractivas en el Atrato y la ausencia de un sistema de saneamiento básico adecuado.
Sin embargo, la respuesta de la justicia no fue favorable. Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, como el Consejo de Estado en segunda, negaron el amparo constitucional por considerar que no era la acción de tutela el mecanismo idóneo para proteger los derechos vulnerados. Se decidió entonces acudir a la Corte Constitucional a través del trámite de revisión eventual para que analizara el fallo y pudiera emitir una nueva sentencia. En octubre de 2015 la Corte entró a revisar el caso de fondo. En una inspección judicial en Chocó pudo constatar de primera mano la situación y dimensionar la urgencia en la adopción de medidas integrales.
La Corte escuchó a las entidades públicas, líderes sociales y entes de control. Adicionalmente, toda una serie de expertos aliados presentaron conceptos y amicus curiae que robustecieron la argumentación del caso brindando información multidisciplinaria sobre las problemáticas que estaban siendo analizadas. Finalmente, en mayo de 2017 fue publicada la sentencia, un fallo histórico para el Chocó, para el país entero y para el mundo.
Antecedentes
Columnistas invitados: Viviana González y Rodrigo Rogelis, miembros del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, apoderados judiciales de los accionantes de la sentencia T-622 del río Atrato.
Con el fin de garantizar la protección y descontaminación del río Atrato, en Chocó, Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional lo declararon “sujeto de derecho”. Seis años después de la sentencia, queda mucho por hacer. Este es un trabajo colaborativo con la periodista Marie Eve Detoeuf, de ‘Le Monde’.
Los Guardianes del Atrato, en compañía del Centro Sociojurídico Siembra, entregarán el próximo jueves 3 de noviembre un memorial a la Corte Constitucional con ocasión de los cinco años de la Sentencia T-622, la primera en reconocer a un río como sujeto de derechos. En el texto se identifica el estado de la implementación de la sentencia que, si bien ha tenido avances, no se ha cumplido a cabalidad.
“¿La sentencia T-622 de la Corte Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, mientras carga su lancha en el muelle de Quibdó. Originario de Bojayá, José Adán transporta pasajeros y mercancías, y conoce mejor que nadie el majestuoso río y sus afluentes. “Pero la sentencia no ha cambiado nada; la contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura”, suspira el lanchero.